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Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo
 

Las universidades autónomas venezolanas han sido, son y seguirán siendo, una piedra en el zapato para todos los gobiernos. Pertenece a la entraña misma del saber superior la crítica, la disensión y la diatriba permanente sobre lo humano, lo social, lo político, lo científico, lo divino. Los estatutos autonómicos con todas sus deficiencias ayudan a preservar la libertad de pensamiento y garantizan la tolerancia a las más disímiles posturas sobre el quehacer de la sociedad. Es uno de los postulados de la condición inteligente del ser humano.

El Estado venezolano ha sido mezquino con la educación superior. Venezuela debería tener un mayor número de universidades con estatutos autonómicos, para que la designación de sus autoridades y su funcionamiento no dependa de las afinidades políticas o intereses del gobierno o ministro de turno. Cuando es así, dichos centros se asemejan más a un liceo que a una universidad, con el consiguiente menoscabo del saber superior.

Causa estupor, para decir lo menos, ver en la prensa el derroche publicitario que cuesta muchos cientos de millones diarios, desplegado por el Ministerio de Educación Superior, en contra de las universidades nacionales. Que existan irregularidades o procedimientos que haya que corregir en nuestras máximas casas de estudio, es comprensible. Pero son de tal calibre las ACUSACIONES contra TODAS las universidades no controladas en su estructura interna por el gobierno, que hace sospechar de la intencionalidad de las mismas.

La amenaza permanente contra las instituciones públicas y privadas del país es notoria y creciente. Quien no se pliega al gobierno está condenado a morir. El precio es la sumisión. Querer convertir a nuestras universidades en centros de pensamiento único las pondría en el nivel de excelentes preescolares, en la que todos marcharían al unísono, repitiendo las canciones que nos enseñe la maestra y aplaudiendo la bondad de papá estado que permite que los pobrecitos venezolanos puedan estudiar.

¿No tiene nada qué decir el CNE ante este tipo de propaganda que raya en la falta de ética y en la inmoralidad? ¿Quién controla al Ministerio de Educación Superior para que no sea alcahuete de tanto robo y malversación? ¿No existe negligencia de su parte, para esperar los últimos días de campaña electoral para destapar una olla en la que el primer acusado sería el propio ministerio? ¿Por qué se quiere acabar la autonomía universitaria, con las competencias del CNU, para que exista un único rector, el estado?

 Siendo el gobierno universitario un complejo sistema colegiado, ¿es posible pensar, como lo sugiere la propaganda oficial, que la mayor parte de las autoridades rectorales, decanales, de escuela…está compuesta por una serie de forajidos, cómplices de chanchullos, depredadores de los dineros del estado? ¿Acaso, en lugar de universidades nacionales, lo que tenemos son cuevas de ladrones, antros de la perversidad en las que la inteligencia está al servicio de vicios y delitos?

Las cuentas claras postulan, que quienes pretenden dirigir la educación superior en el país, repasen el concepto de ética civil que es la convergencia moral de las diversas opciones morales de una sociedad. No la implantación de la mentira y la manipulación como norma para ejercer el poder y subyugar las conciencias.

23-11-06 (3375)